Guatemala se independizó de España en 1821 como resultado de la declaración de independencia de México a raíz del Pacto de las Tres Garantías, y junto con el resto de Centroamérica decidió anexarse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, mismo que dos años después colapsara, por lo que Guatemala, al igual que el resto de Centroamérica (con excepción de Chiapas, que permaneció unido a México) se separó de México y formó por breve tiempo parte de las Provincias Unidas de América Central.

Sin embargo, las decisiones fundamentales debían consultarse a España, o bien venían desde allá nuevas directrices.

El establecimiento de las intendencias modificó un tanto la organización regional, pero concentró en los intendentes una serie de facultades y funciones que antes tenían los gobernadores, alcaldes mayores o corregidores, con el agravante, desde el punto de vista de la élite criolla, de que estos funcionarios fueron en su mayoría peninsulares, mientras que los alcaldes mayores y corregidores habían sido generalmente criollos (véase el capítulo sobre el Régimen de Intendencias en esta misma sección).

El gobierno eclesiástico también estaba centralizado en los obispos y arzobispos, que asimismo fueron mayoritariamente peninsulares, lo mismo que gran parte de los miembros del Cabildo Eclesiástico.

Lo fundamental era informar a España de tal manera que aquélla fuera ratificada. La legislación era casuística, copiosa y contradictoria.

Sin embargo, la verdadera dirección del sistema económico la tenía la élite comercial de la ciudad de Guatemala, que controlaba la exportación del añil, mediante la fijación por ella misma de las calidades y de los precios y porque garantizaba la compra del tinte a los grandes cosecheros por medio de adelantos o préstamos (habilitaciones).

También manejaba el lucrativo abasto de ganado vacuno para la capital, el cual llegaba en su mayoría desde Nicaragua y Honduras, y que dicha élite o sus asociados adquirían a bajo precio.